El peligroso matrimonio de la izquierda con un juez que se extralimitó.

Tiene razón José María Ridao al advertir a la izquierda española sobre su luna de miel con el Juez Garzón, a cuenta de su condena de inhabilitación por parte del Tribunal Supremo. La paranoia conspiratoria que se respira en los argumentos a favor de Garzón y en contra de un sistema judicial español supuestamente aún en manos de los supervivientes del franquismo no dejan de recordar a las alucinadas teorías que sobre los terribles atentados del 11-M fabricó la derecha mediática y política tras el fracaso electoral del PP, tres días después de los hechos.

Una pena que Ridao no se dedique a analizar los hechos y la sentencia, si bien subraya que el argumento que más se ha oído en su contra es que es "difícil de explicar", o "incomprensible". Como dice Ridao, ello "solo puede significar dos cosas: o que no se tiene competencia, y entonces mejor guardar silencio, o que lo que no se tiene es voluntad, y entonces habría que explicar por qué no se tiene". En estos tiempos de tweets, de ciclos mediáticos de 12 horas y de exabruptos que pasan por comentarios políticos, pocos en la izquierda se han parado a preguntarse con objetividad si Garzón merecía ser condenado. Y eso es grave, muy grave. Es, básicamente, ignorar el Estado de Derecho y, por lo tanto, al menos para una personalidad pública, violarlo.

Mucha gente como yo ha seguido con admitración la carrera del Juez Garzón, desde Pinochet hasta los crímenes en la dictadura argentina, pasando por el narcotráfico, ETA y, últimamente, los crímenes del Franquismo. Afirmar que crímenes de tal escala pueden quedar cubietrtos por una simple ley de amnistía, burlando un derecho internacional que lleva décadas bien asentado y los más elementales derechos humanos, es simplemente una aberración impropia de un Estado democrático.

Sin embargo, todo ello no me impide creer que, si Garzón realmente ha violado el derecho de defensa, debe ser condenado. No me sirve el argumento de que otros jueces lo hayan hecho sin ser condenados: ahora habrá una sentencia del Tribunal Supremo que sirva de base para que lo sean en el futuro. La cuestión es si lo ha hecho. Según un análisis jurídico aparentemente serio que he podido encontrar en Internet, sí.

Garzón ordenó que se intervinieran las entrevistas de imputados de la trama Gürtel que se encontraban en la cárcel, especificando que los encuentros con abogados también debían ser intervenidos. Es importante notar que Garzón pidió explicitamente registrar esas conversaciones. En su auto, se mencionaba de paso al expresión "previniendo el derecho defensa", sobre cuya aplicación las autoridades penitenciarias pidieron explicaciones al juez. Este respondió que se encargaría él de su aplicación, que quería recibir las transcripciones completas a excepción de las conversaciones puramente privadas y él mismo se encargaría de velar por la aplicación de esta clausula, lo cual es de por sí una violación evidente dle derecho de defensa, pues no podía ser él quien decidiese que no debía conocer para no violar este derecho.

Seguidamente, ocurrió algo que desmonta la argumentación principal de Garzón para intervenir las conversaciones con los abogados: dos de los imputados cambiaron de letrados y Garzón solicitó la prórroga de las intervenciones. Ahora bien, se suponía que la demanda de intervenir las conversaciones con abogados se basaba en "sospechas" de que estos participaban en actividades de blanqueo de capitales y otros delitos, "sospechas" que no se fundaban en inidcio probado alguno por parte de Garzón. El cambio de letrado debería haber llevado a un nuevo argumentario o a la presentación de nuevos indicios para justificar las sospechas. No hubo nada de ello, simplemente una demanda de prórroga de las intervenciones.

En este marco, el fiscal no se opuso a la prórroga, pero añadió "con la expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados" y "en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa". Sin embargo, al dictar auto para la prórroga de las intervenciones, Garzón, una vez más, no incluyó ningún mecanismo de salvaguarda del derecho de defensa, más allá de la ya conocida expresión, "previniendo el derecho de defensa". Sin embargo, el fiscal había pedido que se eliminaran una serie de párrafos de transcripciones ya realizadas, pues se referían "en exclusiva a la estrategia de defensa". Es decir que Garzón no respetó el derecho de defensa y fue el fiscal quien tuvo que establecer los límites.

Esta es una cuetión de formas, de procesos, pues en ellos se basa el Estado de Derecho. En cuanto al fondo de la cuestión, las transcripciones no arrojaron ningún indicio de actividad delictiva por parte de los abogados.

La base legal sobre la que se apoyó Garzón también es problemática. El Art. 51.2 LOGP, que Garzón invocó, sólo permite estas escuhcas en casos de terrorismo, una interpretación avalada por sentencias de los tribunales tanto supremo como constitucional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí admite una interpretación más laxista, pero exige dos condiciones: que haya una ley que ampare las intervenciones y que haya indicios contra el letrado. Ninguna de las dos condiciones se daba en este caso.

Por lo tanto, parece claro que había base jurídica de sobra para inhabilitar a Garzón, si bien no me puedo pronunciar sobre lo excesivo de una inhabilitación de 20 años. Y ello con independencia del valor jurídico, humano y político que se le pueda dar a otras actuaciones de Garzón.

Por todo ello he de admitir que no entiendo el empeño casi unánime de la izquierda española por cerrar filas en defensa de Garzón. Como juez instructor, se extralimitó y violó une de los derechos fundamentales de un Estado democrático. Por supusto que deseo que los corruptos acaben en la crácel, peor no a costa de desmontar el Estado de Derecho, a costa de darles a los jueces instructores manos libres para hacer lo que les parezca sin acotar sus actuaciones en los límites dictados por el derecho.

El "difícil de explicar", el "no se puede entender" sólo lleva a las teorías de conspiración y éstas sólo minan la confianza en nuestra democracia. Cuidado, mucho cuidado.